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De manos de las 345 municipalidades chilenas,  a las manos del Estado; con un nuevo modelo de administración de la educación pública, se busca asegurar una mejor distribución de recursos a través de nuevas entidades que velarán por la calidad; son las nuevos Servicios Locales de Educación Pública. (SLE)

El nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, tendrán una matrícula mínima de 8.000 alumnos, respetarán los límites comunales y regionales, y estarán asociados a un centro urbano.
Esta devolución de la administración al Estado, o sea, volver desde la administración municipal al Estado, será gradual y en un plazo de seis años, para asegurar un cierre adecuado y un traspaso exitoso. La idea es hacerlo con un “Plan de Transición” que buscará mejorar el sistema actual previo al traspaso (para que no queden en el aire todas esas generaciones de estudiantes que se graduarán en el sistema actual), y que suscribirá convenios entre el MINEDUC y las municipalidades.

“La calidad de las escuelas y liceos ya no dependerán de cómo le vaya a cada municipio, sino que será responsabilidad de todo el país. Así, el Estado tiene la obligación de dar el soporte económico necesario para garantizar que en cada rincón de Chile exista una propuesta educativa de calidad”, palabras pronunciadas por la Presidenta de la República.

El financiamiento provendrá directamente del Presupuesto Nacional y la asignación de los recursos considerará los lugares donde existan más necesidades, cuyo enfoque social, serán las zonas más vulnerables.

Este proyecto de ley tiene como sus principales objetivos el reforzar la calidad de manera integral, a través de los proyectos educativos competentes y colaborativos, participativos, inclusivos, diversos, laicos y gratuitos.

La iniciativa establece un presupuesto total de $ 198 mil millones para el funcionamiento de los servicios locales, más $ 22 mil millones para su instalación. El documento de ley señala que el proyecto considera alrededor de $12.000 mensuales por estudiante, calculo estimado al 2016.

“La propuesta de escala territorial permitirá corregir la distorsión actual en la cual los municipios pequeños, principalmente rurales, deben enfrentar costos fijos de administración considerablemente más altos que municipios urbanos con mayor matrícula”, consigna la minuta, que agrega que las comunas “con baja matrícula pública, que gastan entre $ 20.000 y hasta $ 30.000 mensuales por estudiante para costear la administración, podrán destinar dichos recursos en mejorar la calidad de la educación”, según datos obtenidos desde el Mineduc.

Todos los países donde Chile mantiene relaciones diplomáticas en la región y son sus contrapartes, los de la OCDE, los de América Latina, tienen una educación pública fuerte, que oscila entre el 80% a 90%, y nosotros con esto aspiramos también a tener una educación que marque estándar y dé calidad en todas las comunas del país; sin importar su ubicación geográfica; es un proyecto de ley que requiere ajustes económicos fuertes, inyección de nuevos dineros frescos mientras dure su instalación de la ley y por el impacto que promete, asociadas a otras leyes que avalan su viabilidad en el contexto nacional.

Haciendo historia es importante recordar que las escuelas públicas están en manos de las municipalidades, desde 1982 en adelante. El financiamiento lo reciben del Estado, que paga un monto por cada alumno que asiste a clases en cada colegio, por concepto de subvención escolar de asistencia media. También, dependiendo de la vulnerabilidad de los alumnos y otros aspectos, el establecimiento puede recibir otras subvenciones adicionales, dependiendo de los alumnos prioritarios o preferentes.

Los colegios son administrados por el Alcalde en ejercicio y las DAEM (Dirección de Administración de Educación Municipal), mientras el Estado fiscaliza la asistencia media, procurar el uso adecuado de los dineros, procurar que las mediciones estandarizadas con resultados óptimos, mediante el SIMCE principalmente.

Este sistema que llega a su fin, aumentó la desigualdad de la educación a nivel general, en gran parte porque los municipios con más ingresos aportan dinero extra a sus colegios, mientras otros se endeudan para mantener funcionando sus colegios, pues se argumenta transversalmente, que el dinero que otorga el gobierno central no alcanza para todas las obligaciones que se deben cumplir.

Quienes defienden la administración municipal apuntan a que la falta de calidad no depende del sistema en sí mismo, sino de la falta de recursos por el modo de financiamiento y de otros factores como los docentes, el currículum, las metodologías, etc. Otros apuntan a que se debiese intervenir a aquellos municipios donde no funciona bien, pero permitirles seguir a quienes han tenido éxito.

El nuevo sistema que ha propuesto el gobierno, volverá a centralizar la administración y dejarla en manos del Estado, pero para llevarla a cabo existirán cuatro entidades a cargo de la educación pública para todas las escuelas del país:

nueva administración pública

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ministerio de Educación

A cargo del diseño de las políticas educativas del país, de la orientación de éstas y de las innovaciones educativas, y del apoyo a través de su estructura territorial y personal a los establecimientos públicos del país a través de los Servicios Locales de Educación (SLE).

2. Dirección de Educación Pública

Organismo dependiente del MINEDUC que debe coordinar a los SLE, fomentando su trabajo en red. Además ha de garantizar que éstos impulsen la mejora de la calidad en los establecimientos que agrupa y propone la “Política nacional de fortalecimiento de la educación pública”. Se agrega a sus funciones la distribución de los recursos.

3. Servicios Locales de Educación (SLE)

Estas entidades descentralizadas combinarán dos funciones para la gestión escolar: administrativa-operativa de los establecimientos y de acompañamiento técnico-pedagógico. Tendrán recursos provistos por Ley de Presupuestos y serán 67, agrupando en promedio cinco comunas, a cargo de un mínimo de 8.000 alumnos y un máximo de 200 colegios.

4. Consejos Locales de Educación

Su función es asesorar y colaborar activamente con el director de la SLE, representando los intereses de las comunidades educativas y locales, a fin de que se consideren las necesidades particulares en cada territorio.

Cada consejo estará compuesto por representantes de estudiantes, profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados pertenecientes a consejos escolares; un representante del gobierno regional; un representante del Centro de Formación Técnica de la región; un representante de la Facultad de Educación de una Universidad acreditada por cuatro años o más; y los alcaldes y alcaldesas cuyas comunas estén insertas en la red del Servicio Local de Educación.

Los Servicios Locales no estarán solos a la hora de administrar los colegios. El nuevo modelo también busca dar más protagonismo a los estudiantes, apoderados y al resto de la comunidad educativa, fomentando su participación en las discusiones previas a la toma de decisiones.

Esto lo harán por medio de los Consejos Locales de Educación, instancias cuya tarea principal será representar a la comunidad educativa ante cada servicio local y asesorar a los directores de éstos, dándoles a conocer las necesidades de la gente.

La mayoría de las atribuciones relativas a estos consejos tienen que ver con presentar propuestas y “opinar” sobre las decisiones que quiera tomar el director de cada servicio local, o sea, no tendrán real poder de decisión. Sin embargo, lo que sí podrán hacer es solicitar a la Dirección de Educación Pública que se remueva al director del servicio local, bajo razones justificadas, y pedir que la Superintendencia de Educación realice fiscalizaciones ante situaciones cuestionables.

Los Consejos estarán formados por las siguientes personas representarán a las comunidades educativas ante su respectivo Servicio Local:

1. Todos los alcaldes de las comunas agrupadas en el servicio local.

2. Representantes de los centros de estudiantes de los establecimientos, elegidos por los miembros de los consejos escolares. Durarán 1 año en sus cargos.

3. Representantes de los centros de padres y apoderados de los establecimientos, elegidos por los miembros de los consejos escolares. Durarán 1 año en sus cargos.

4. Representantes de los profesionales de la Educación de los establecimientos, elegidos por los miembros de los consejos escolares. Durarán 2 años en sus cargos.

5. Representantes de los asistentes de la Educación de los establecimientos, elegidos por los miembros de los consejos escolares. Durarán 2 años en sus cargos.

6. Un representante de las universidades de la región, considerando sólo aquellas que estén acreditadas por 4 años o más. Será designado por el intendente en acuerdo con los rectores. Durará 2 años en su cargo.

7. Un representante de los centros de formación técnica o institutos profesionales acreditados, con sede principal en la región. Será designado por el intendente en acuerdo con los rectores. Durará 2 años en su cargo.

8. Un representante del Gobierno Regional, designado por el intendente. Durarán 2 años en su cargo, pero su período puede ser prorrogable por 2 años más.

Respecto a los representantes de estudiantes, apoderados, profesionales y asistentes de la Educación (números 2,3, 4 y 5), sólo será uno por cada uno si el Servicio Local agrupa 3 comunas o menos.

No obstante, si en el Servicio hay 4 comunas o más, la cantidad de representantes de estudiantes, apoderados, profesionales y asistentes de la Educación tendrá que ser igual en cada caso, y en total no puede ser inferior al número de alcaldes ni superior a 16.

En tanto, la participación de los alcaldes será obligatoria, pero en la primera sesión anual del Consejo éstos pueden designar a un representante que vaya en su reemplazo durante el resto del año.

Los cambios se implementarán paulatinamente durante los 6 años siguientes a la eventual entrada en vigencia de la ley, propuesta inicialmente para Enero 2017, si es que el Congreso no realiza cambios mayores durante la discusión en curso hasta el cierre de esta investigación bibliográfica.

Esto significa que no todas las regiones pasarán al nuevo sistema al mismo tiempo, sino que se implementará de forma paulatina en algunas regiones. El proyecto de ley no indica fechas exactas, pero pone plazos específicos para poner en marcha el cambio.

Este proyecto de ley, considera entre sus lineamientos el siguiente esquema de distribución de los Servicios Locales de Educación. (SLE).

El ámbito de competencia territorial de cada uno de los Servicios Locales, su denominación y domicilio se determinará de conformidad a lo dispuesto en el artículo quinto transitorio de esta ley.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, cada Servicio Local podrá crear oficinas locales, mediante decreto fundado del Ministerio de Educación, cuando se justifique por razones de distancia y concentración de matrícula en un determinado sector del territorio de su competencia o cuando excepcionalmente ello sea necesario por razones de buen servicio para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

En cada Servicio Local existirá un Consejo Local de Educación Pública, en adelante también Consejo Local, de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5º de este título.

Los Servicios Locales serán coordinados por la Dirección de Educación Pública y se relacionarán con el Ministerio de Educación por su intermedio.

En resumen, la Educación Pública estará conformada por 67 Servicios Locales, agrupando a 345 comunas distribuídas en 15 regiones a lo largo de Chile.

Por: [c] Dr. Raúl Contreras Gómez.

Director Ejecutivo – Grupo Boletín del Trabajo