Share

Esta Ley señala que el Estado garantizará a las personas con discapacidad el acceso a los establecimientos públicos y privados del sistema de educación regular o a los establecimientos de educación especial, según corresponda, que reciban subvenciones o aportes del Estado. Los establecimientos de enseñanza parvularia, básica y media contemplarán planes para alumnos con necesidades educativas especiales y fomentarán en ellos la participación de todo el claustro docente, asistentes de educación y demás integrantes de la comunidad educacional en dichos planes debidamente acreditados.

Es importante considerar que con la promulgación de la Ley N° 20422 “sobre normas de igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad”, viene en definir que se entiende por igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la ausencia de discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas que tienen para participar plenamente en la vida política, educacional, laboral, económica, cultural y social.

Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades, el Estado establecerá medidas contra la discriminación, las que consistirán en exigencias de accesibilidad, realización de ajustes necesarios y prevención de conductas de acoso, definidas desde la integración social de la vida ciudadana.

Esta ley, define cinco principios rectores que deben considerarse y ponderarse, en todo momento, para efectos de hacer una correcta aplicación de la ley. Estos son, el acceso a una vida independiente; la accesibilidad y diseño universal a entornos, bienes y servicios; la intersectorialidad y la participación y diálogo social, más los planes de mejora que resultan de la interacción de los diversos Proyectos Educativos con una mirada inclusiva.

La citada ley en su título preliminar, enuncia:

Artículo 1º.- El objeto de esta ley es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad.

Entonces, el concepto de igualdad de oportunidades está directamente relacionado con el ideal de justicia. Esto quiere decir que se considera que no puede existir una verdadera justicia si no hay mecanismos sociales que garanticen una igualdad entre los individuos, especialmente en el ámbito educativo. Por lo tanto, a partir de esta ley y la 20845 de inclusión escolar, todos los proyectos educativos, deben ser reformulados apuntando a que los perfiles desde la integración tiene un nuevo componente, el cual lo describe el artículo 3° de esta ley.

Artículo 3º.- En la aplicación de esta ley deberá darse cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social.
Para todos los efectos se entenderá por:

a) Vida Independiente: El estado que permite a una persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

b) Accesibilidad Universal: La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible.

c) Diseño Universal: La actividad por la que se conciben o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma que puedan ser utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible.

d) Intersectorialidad: El principio en virtud del cual las políticas, en cualquier ámbito de la gestión pública, deben considerar como elementos transversales los derechos de las personas con discapacidad.

e) Participación y Diálogo Social: Proceso en virtud del cual las personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y las que agrupan a sus familias, ejercen un rol activo en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les conciernen.

Unificar un criterio para definir los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social, se puede enunciar que: para que la igualdad no sea simplemente una cuestión formal y teórica es necesario que en una sociedad se pongan en marcha políticas de igualdad de oportunidades desde el interior de los centros educacionales. En otras palabras, la igualdad de oportunidades implica que todos los individuos, independientemente de su origen o condición social, deben tener la posibilidad de disponer de los mismos recursos o servicios (las oportunidades) para desarrollar sus vidas desde propuestas inclusivas de participación social desde la escuela.

El Estado de Chile debe promover programas de participación para convivir en una sociedad justa y con valores humanos, necesarios para que la educación de esta nación incorpore criterios de igualdad de oportunidades. El principal es la escolarización universal de toda la población en edad escolar, accediendo a los beneficios y prestaciones sociales establecidos en la presente ley, las personas con discapacidad deberán contar con la certificación de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez a que se refiere el artículo 13 del presente cuerpo legal y estar inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

Artículo 5°.- Persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Aquí, la ley define el concepto de discapacidad como un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales, por lo tanto, para los educadores el concepto de discapacidad, debiera definirse como personas con capacidades diferentes.

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive, por lo tanto, es muy importante conocer el significado de algunos conceptos como discriminación, servicios de apoyo para el crecimiento personal, servicio de apoyo orientado a sus terapias, los cuidadores (as) con competencias en cuidado de personas con discapacidades, sus dependencias y tipos de entorno de desarrollo emocional-social, pero para ello es importante apropiarse del concepto de igualdad de oportunidades para producir una verdadera integración.

Artículo 7º.- Se entiende por igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la ausencia de discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, educacional, laboral, económica, cultural y social.

La igualdad de oportunidades, debe ser eje de cualquier política pública, donde los espacio públicos deben estar adaptados para su integración territorial, educación mas inclusiva y talleres de multigrado para su crecimiento e inserción en el mundo laboral.

Entonces, el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, se basa en las obligaciones del Estado de Chile en establecer acciones de servicios y procedimientos para las adecuaciones de los ambientes físicos-sociales, para acceder libremente a todos los servicio públicos en la misma igualdad de condiciones que el resto de la sociedad.

Adaptar el curriculum escolar con actividades manuales para facilitar el aprendizaje cooperativo para alcanzar estándares de desarrollo por habilidades para capacitación permanente o alcanzar un título técnico o de nivel superior. Es importante detenerse para hacer énfasis en la igualdad de género y restituir el valor de ser mujer asegurando un mayor goce en el ejercicio de sus derechos, ser parte de una familia, protección frente a hechos de violencia, abuso psicológico y de género, discriminación.

Lo más importante es definir la discapacidad con una certificación de afiliación ante organismos oficiales pertenecientes al Estado de Chile y garantes para asumir responsabilidades de control y ordenamiento de bases de datos sobre personas con capacidades diferentes; siendo los más importantes el Registro Civil y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud.

Artículo 13.- Corresponderá a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud y a las instituciones públicas o privadas, reconocidas para estos efectos por ese Ministerio, calificar la discapacidad.

El proceso de calificación de la discapacidad asegurará una atención interdisciplinaria a cada persona que requiera ser calificada.

Para los efectos de esta ley, las comisiones de medicina preventiva e invalidez se integrarán, además, por un sicólogo, un fonoaudiólogo, un asistente social, y un educador especial o diferencial, un kinesiólogo o un terapeuta ocupacional, según el caso. Asimismo, cuando fuere pertinente, se integrarán uno o más especialistas, de acuerdo a la naturaleza de la discapacidad y a las circunstancias particulares de las personas sometidas a ellas.

La certificación de la discapacidad sólo será de competencia de las comisiones de medicina preventiva e invalidez.

La calificación y certificación de la discapacidad podrá efectuarse a petición del interesado, de las personas que lo representen, o de las personas o entidades que lo tengan a su cargo.

Para acceder a una certificación de discapacidad, se deben realizar los siguientes pasos:

La persona con discapacidad, tutor o entidad a cargo, cuidador o prestadores de servicios de apoyo deben dirigirse a la COMPIN o bien al consultorio de la comuna para retirar el formulario de solicitud de evaluación de la discapacidad.

Pedir al médico tratante que complete y firme la solicitud de evaluación de la discapacidad.

• Una vez firmada la solicitud, el documento debe ser presentado ante la COMPIN.
• La COMPIN evalúa el caso y certifica el grado de discapacidad de la persona. Luego, envía el certificado al Servicio de Registro Civil y entrega al solicitante una copia de los antecedentes enviados.
• Cuando está calificada y certificada la condición de discapacidad de la persona, el Servicio de Registro Civil inscribe a la persona en el Registro Nacional de la Discapacidad. Finalizado este trámite, la persona con discapacidad recibe una credencial de discapacidad, que indica el tipo y grado de discapacidad que presenta.

En caso de que la condición de discapacidad ya esté calificada y certificada ante la COMPIN, se puede solicitar la inscripción en el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Los Ministerios de Salud y de Planificación señalará la forma de determinar la existencia de una discapacidad y su calificación. Desde el Ministerio de Salud existen los criterios de manera uniforme para todo el territorio nacional dentro del plazo máximo de veinte días hábiles contado desde la solicitud del trámite.

Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez están facultadas para solicitar a otros organismos privados o públicos antecedentes necesarios de profesionales que se encuentren en conocimiento del tratamiento o antecedentes de pacientes con discapacidad, especialmente copias de las epicrisis.

Los pacientes en procesos de evaluación y reevaluación tienen la obligación de concurrir a las citaciones con especialistas externos o de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, el abandono del proceso después de 30 días, tendrá que ejecutar todo de nuevo.

Artículo 18.- La prevención de las discapacidades y la rehabilitación constituyen una obligación del Estado y, asimismo, un derecho y un deber de las personas con discapacidad, de su familia y de la sociedad en su conjunto.
El Estado dará cumplimiento a la obligación establecida en el inciso anterior en los términos y condiciones que fije esta ley.

Es deber del Estado dentro de las Políticas Públicas promover Programas de Rehabilitación a través de instituciones públicas y corporaciones privadas sin fines de lucro, colocando a disposición de las familias estos servicios, que constituyen un derecho fundamental.

En este sentido se trabajará en las siguientes líneas estratégicas:

a) Prevención de la discapacidad ssignifica la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales (prevención primaria) o a impedir que las deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas.

• Diseñar programas de prevención, promoción de salud y educación para el desarrollo de la autonomía y la independencia personal de las personas en situación de discapacidad, con un enfoque positivo sobre la discapacidad.

• Articulación y fortalecimiento de una red de instituciones, programas e iniciativas orientadas a la prevención y detección temprana de la discapacidad en sus distintos niveles (primaria, secundaria, terciaria).

• Desarrollo de acciones de promoción y protección de la salud, que incluyan el apoyo y orientación del rol de la familia en la asistencia de las personas en situación de discapacidad y sus cuidadores.

b) Impulso de investigaciones que fortalezcan y/o amplíen las medidas de prevención de la discapacidad en todo el ciclo vital, incluida las medidas previas, por ejemplo: cuidados en el embarazo y estimulación temprana.

• Los planes y programas de prevención se adoptarán cuando las personas en situación de discapacidad poseen las mismas necesidades de salud que la población en general y, en consecuencia, necesitan tener acceso a los servicios corrientes de asistencia de salud.

• Las personas en situación de discapacidad tienen una mayor demanda de atención médica que aquellas que no presentan discapacidad, sin embargo, las actividades de promoción de la salud y prevención de las enfermedades pocas veces tienen como destinatarias a las personas en situación de discapacidad.

• Es así como lo recoge el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se reconoce que las personas en situación de discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación.

Artículo 21.- La rehabilitación integral es el conjunto de acciones y medidas que tienen por finalidad que las personas con discapacidad alcancen el mayor grado de participación y capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en consideración a la deficiencia que cause la discapacidad.

Las acciones o medidas de rehabilitación, tendrán como objetivos principales:

1) Proporcionar o restablecer funciones.
2) Compensar la pérdida o la falta de una función o una limitación funcional.
3) El desarrollo de conductas, actitudes y destrezas que permitan la inclusión laboral y educacional.
4) La interacción con el entorno económico, social, político o cultural que puede agravar o atenuar la deficiencia de que se trate.

La rehabilitación integral es el conjunto de acciones y medidas que tienen por finalidad que las personas con discapacidad alcancen el mayor grado de participación, basándose en la estrategia de Rehabilitación con Base Comunitaria, RBC, de la Organización Panamericana de la Salud, OMS-OPS, la cual ha evolucionado desde una estrategia para aumentar el acceso a servicios de salud, a una estrategia multisectorial para atender las necesidades más amplias de las personas en situación de discapacidad, asegurando su participación e inclusión en la sociedad y mejorando su calidad de vida.

Por otra parte, Senadis está impulsando investigaciones que permitan conocer el quehacer actual de los servicios de rehabilitación, así como las necesidades que presentan, con el fin de fortalecer y ampliar las acciones de los distintos dispositivos en el país.

Además, El Estado fomentará preferentemente la rehabilitación con base comunitaria, otorgando autonomía a las familias con personas con discapacidad, entonces es importante considerar que:

• “La RBC es una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades y la integración social de todas las personas con discapacidad”.

• “La RBC se aplica gracias al esfuerzo conjunto de las propias personas con discapacidad, de sus familias, organizaciones y comunidades, y de los pertinentes servicios gubernamentales y no gubernamentales en salud, educación, trabajo, social, y otros.”.

En este artículo, es importante considerar que al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno donde una persona con discapacidad ve impedida o restringida su movilidad, tenemos que fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad universal. Artículo 24.- Toda lo que asegure la debida protección de los discapacitados visuales en el uso de dichos productos con medidas tales como: señaléticas luminosas o con ruido, zonas o espacios con de exclusividad para discapacitados, entre otras.

Finalmente, como parte de la integración, inclusión y otras acciones que son parte de la educación del siglo XXI, es muy importante en las actividades no lectivas incorporar la lengua de señas chilena (LSCh en Chile) es la lengua de señas que utilizan los sordos chilenos. El artículo 26 de la ley 20 422, reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda y así lo estipula los Ministerios de Desarrollo Social, de Transportes y Telecomunicaciones y Secretaría General de Gobierno. Las campañas de servicio público financiadas con fondos públicos, la propaganda electoral, los debates presidenciales, las cadenas nacionales.

Ante catástrofes o noticias de última hora quedan reguladas por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y los bloques noticiosos transmitidos por situaciones de emergencia o calamidad pública que se difundan a través de medios televisivos.

Muchas lenguas de señas tienden a ser lenguas analíticas con poca morfología. Esto, sin embargo, puede ser más una consecuencia del origen histórico de las mismas que una característica necesaria o preferente de las lenguas de señas. En la mayoría de lenguas de señas por ejemplo, los procesos morfológicos son más usados en los procesos de formación de palabras: derivación y composición y son evidentes en la estructura de buena parte del léxico.

Las bibliotecas de acceso público, sean estas estatales, de Centros de Educación Superior y/o Universidades, deberán contar con material, infraestructura y tecnologías accesibles destinadas a personas con discapacidad de causa sensorial, facilitando su acceso, uso y tenencia en calidad de préstamo, facilitando el aprendizaje a este grupo de personas con discapacidad sensorial.

Este artículo de contingencia, en lo particular y su lectura, concluye sobre la exigencia de presentación un plano de accesibilidad que grafique el cumplimiento de las normas de accesibilidad con el trazado y ancho de la ruta accesible, incorporando según sea el caso, los accesos, los recintos y áreas del edificio que esta ruta conecta. Esto significa que se podrá garantizar desde el proyecto la existencia de un itinerario libre de obstáculos, gradas o barreras que asegure el desplazamiento independiente de todas las personas… desde el estacionamiento hasta todos los recintos de uso público.

El cumplimiento de estos ajustes, tiene como plazo el 3 de marzo de 2019, los edificios existentes, de uso público o que presten servicio a la comunidad, deberán efectuar las adecuaciones necesarias que les permitan ser accesibles y utilizables por personas con movilidad reducida en forma autónoma. A sí mismo, al año 2018, los bienes nacionales de uso público, administrados por organismos del Estado o Municipalidades, deberán ser accesibles y utilizables en forma independiente y sin dificultad por personas con discapacidad, en especial, las veredas, pasarelas peatonales, parques y plazas.

Finalmente, las Direcciones de Obras Municipales podrán en cualquier momento, después de la recepción definitiva de una obra, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre seguridad, conservación de las edificaciones, accesibilidad universal y discapacidad. No olvidar que estas fiscalizaciones, facultan después de un periodo cursar multas según criterios de cada Municipalidad.

 

Puedes ser solamente una persona para el mundo, pero para una persona, tú eres el mundo.”

Autor: Gabriel García Márquez


Por: [c] Dr. Raúl Contreras Gómez.

Director Ejecutivo – Grupo Boletín del Trabajo