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¿Están preparados nuestros Centros Educativos para cumplir con las normativas para recibir y desarrollar un currÍculum que garantice a los alumnos una educación de calidad pensando especialmente en aquellos que padecen algún tipo de discapacidad permanente o temporal?

 

Al revisar algunas leyes y decretos, nos encontramos con grandes vacíos que no logran asegurar una educación de calidad, especialmente pensando en aquellos niños y niñas con capacidades diferentes; Centros educacionales construidos o adaptados sin estándares  frente a ruidos, luminosidad, acústica, entre otros. El Decreto N° 548 que regula las exigencias mínimas que deben cumplir los establecimientos

reconocidos como cooperadores de la función educacional del estado, según el nivel y modalidad de la enseñanza que impartan fue creado en el año 1988, por lo tanto, existen discrepancias con las leyes 20845 y 20422, por lo tanto, existe un vacío al cumplimiento de normas y frente a un sistema que ofrece oportunidades de incumplimiento y donde las fiscalizaciones son blandas y sin un plan de modernización y mejoras continuas.

En esta publicación buscaremos los lineamientos para enfrentar la mejora y el cumplimiento de las normativas desde los establecimientos educacionales que acogen a estudiantes en etapa escolar y muchos de ellos sin diagnóstico de necesidades educativas especiales, por ignorancia frente a comportamientos, familias poco comprometida con sus miembros, Proyectos Institucionales lejos de ser inclusivos, Docentes con mala formación y poco perfeccionamiento de acuerdo a las necesidades de situaciones específicas de acuerdo a la madurez escolar.

Será de vital importancia revisar nuestra bibliografía, por ejemplo el término “discapacidad” fue aceptado por la Real Academia Española de la Lengua hace diez años y desde ese momento aparece en su diccionario como un  gran referente para los profesionales involucrados en temas de reinserción de niños y niñas con discapacidades y que asisten a las aulas tradicionales.

Otros términos muy usados socialmente, quizás más común como por ejemplo, “incapacidad” o “minusválido”, pueden dar a entender que las personas con discapacidades son personas “sin habilidades” o de “menor valor”, pero para los educadores nace un nuevo concepto de capacidades diferentes, conocidas como necesidades educativas especiales.

En términos de comparación, al referirme a “discapacidad” estoy hablando de una falta de habilidad en alguna asignatura específica. El uso de este término reconoce que todos los individuos con discapacidades tienen mucho que contribuir a nuestra sociedad y al mismo tiempo está de acuerdo con cambios similares en el lenguaje de la ley chilena.

La discapacidad intelectual de un individuo no es una entidad fija e intercambiable. De otro modo, se puede modificar por el crecimiento y desarrollo biológico del individuo y por la disponibilidad y calidad de los apoyos –  estímulos que recibe en una interacción constante y permanente entre el sujeto y su medio ambiente en la cual se desarrolla.

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,  ha venido a recordar y consolidar la consideración de las personas con discapacidad como sujetos de derechos y no únicamente individuos dependientes de programas de apoyo a  necesidades asistenciales.

En términos generales, la ley de Inclusión busca que el sistema educacional propenda a “eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los estudiantes”, es aquí donde la inclusión se toma de la mano de la discapacidad, entonces es el momento preciso donde los educadores debemos valorar el currículum basado en competencias inclusivas, una evaluación más dinámica, tal vez pensar que en una clase todos los alumnos poseen capacidades diferentes y los intereses por lógica serán distintos, dependiendo cada uno de sus propias habilidades.

Por otra parte la Ley de Discapacidad  Establece, en líneas generales, que son los deberes del Estado en materia de integración de discapacitados:

  • Promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y mejorar su calidad de vida.

  • Promover la autonomía personal de las personas con discapacidad en situación de dependencia.

  • Proporcionar información pública, permanente y actualizada sobre los planes conducentes a la prevención de discapacidades.

  • Fomentar la rehabilitación en base comunitaria, así como la creación de centros públicos o privados de prevención y rehabilitación.

Entonces es importante revisar el artículo  4° de la ley 20422, donde se establece que “es deber del Estado promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad”, lo que deberá cumplir a través de programas destinados a las personas con capacidades distintas, cuyo objetivo debe ser mejorar su calidad de vida, con acciones de fortalecimiento o promoción de las relaciones interpersonales, su desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social y el ejercicio de sus derechos. Es una declaración de principios, que más que evitar la discriminación, implica privilegiar y luchar por la igualdad con oportunidades de futuro para su reinserción.

También es importante revisar el artículo 5° de la Ley 20.422 que define lo que debe entenderse por Persona con discapacidad: “es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Es decir, si bien los establecimientos educacionales podrán fijar criterios obligatorios como, por ejemplo, de presentación personal, no pueden incluir medidas que discriminen arbitrariamente a los alumnos o sanciones que afecten su derecho a recibir educación, más aun donde un alumno dependiendo de la patología el Reglamento Interno deberá considerar estos casos denominados especiales. Los alumnos ya no pueden ser expulsados de las salas de clases, como solían hacerlo los profesores como medida punitiva por no cumplir alguna norma del reglamento interno, entonces es importante que la Ley de Inclusión debe exigir un Protocolo de actuación para alumnos (as) con alguna discapacidad que ha sido informada al momento de firmar la matrícula que lo enrola como alumno regular.

Además, fija el incremento de recursos y aportes del Estado para el proceso educacional, entre ellos aumento de los espacios destinados para desarrollar el currículum, pero el decreto 548 en su Artículo 1° menciona: Para efectos del presente reglamento se entenderá por:

“a. Local escolar: Es el conjunto organizado de áreas libres, obras exteriores y edificios, con recintos para  administración, servicios y docencia, de los que dispone un establecimiento educacional de los niveles de enseñanza parvularia, básica o media, de manera de satisfacer en forma permanente las necesidades derivadas de las actividades sistemáticas del proceso educativo.”

Entonces, este artículo es tan amplio que los Colegios se olvidan que existen alumnos con movilidad reducida, construidos al borde de la ley y ubicados en grandes avenidas, con ruidos que entorpecen y no cumplen con los niveles o estándares permitidos para un Colegio; finalmente, debemos agregar que una avenida tiene luminarias led que para una zona escolar con alumnos discapacitados no sirve, creo que desde la experiencia y con una ley de Inclusión el Estado de Chile en conjunto con el Ministerio de Educación debe poner en práctica nuevas exigencias para construcción de Colegios, cierres perimetrales acústicos, edificios a 20 metros de la línea peatonal publica, salas de clases acústicas, entre otras.

La Ley de Inclusión viene en validar el punto anterior desde el Artículo 3º.- El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Se inspira, además, en los siguientes principios:

a. Universalidad y educación permanente. La educación debe estar al alcance de todas las personas a lo largo de toda la vida.”

La educación como centro y motor de la modernidad de un país, debe apelar a un país dinámico y activo siendo su eje de inspiración para el modernismo mantener una educación gratuita, de calidad, inclusiva y con acceso de niños y niñas con capacidades diferentes y que se pueden integrar a un sistema con apoyo de especialistas ya sea con PIE o sin esta subvención adicional. Dicho de otro modo, todos los Colegios deben tener especialistas de apoyo al currículum con una Ley Orgánica que centralice las inversiones de cada uno de los aportes del Estado por concepto de subvención.

Un ejemplo real son niños y niñas con déficit atencional, que no son prioridad de atención escolar llegando a ser un estorbo en las aulas y que son ignorados como un número más dentro un grupo curso, Apoderados  que no reconocen esta problemática, y que sólo es parte del diario vivir, manifestando que la escuela debe solucionar esta problemática con Docentes y Especialistas. Tal vez es a partir de aquí que el sistema educacional actual chileno, reconoce que el Déficit Atencional podría generar Necesidades Educativas Especiales (NEE), por lo que el Ministerio de Educación posibilita que los estudiantes puedan ser incorporados en el Programa de Integración Escolar (PIE), para que reciban los apoyos especializados que requieren en los establecimientos escolares a los cuales asisten y que como consecuencia se ven afectados en sus rendimientos.

Producto del párrafo anterior y  entregando una pauta para regular un apoyo desde las normativas, el Ministerio de Educación reconoce a los  profesionales idóneos que emiten el diagnóstico del trastorno de déficit atencional, a especialistas como un Médico Pediatra, Neurólogo, Psiquiatra o Médico familiar que además deben estar registrados en la Superintendencia de Salud.

Los profesionales que indagan sobre la salud general y/o el tipo de requerimiento educativo que presenta el estudiante son los Psicólogos, Profesores de Educación Diferencial o Psicopedagogos que se encuentren inscritos en el Registro de Profesionales para la Evaluación y el Diagnóstico del Ministerio de Educación.

En caso de que el establecimiento no cuente con PIE, las familias y las escuelas pueden optar por los profesionales y tratamientos que consideren adecuados, velando siempre por el derecho a la salud de los estudiantes. Un cuidado importante para los Padres, que las Unidades Educativas por precaución y veracidad de los diagnósticos, deberán cumplir con las normativas y protocolos, tales como pie de firma con RUT y Registro del Colegio Médico.

Aquellos estudiantes que presentan necesidades educativas especiales asociadas a déficit atencional, deben asistir como cualquier otro estudiante a un establecimiento educacional regular con o sin PIE, el que debe desarrollar las condiciones necesarias para dar respuestas adecuadas a sus requerimientos educativos. Por lo tanto, nunca se debe pensar o mencionar que un alumno con estas características debe asistir a una Escuela Especial.

Es importante considerar que el déficit atencional o cualquier otra necesidad educativa especial que presente un niño, niña o joven, no es fundamento en ningún caso para la expulsión o cancelación de matrícula. Lo anterior, no exime a los estudiantes de la obligación de cumplir con las normas del manual de convivencia de su establecimiento, entendiendo que, por las características de su condición, puede plantear desafíos pedagógicos o educativos particulares para que éstos logren dar cumplimiento a las normas.

Los estudiantes que presentan déficit atencional pueden ser objeto de medidas disciplinarias como cualquier otra persona del establecimiento. Debe existir una especial preocupación de los padres y de los docentes por trabajar de manera coordinada y monitorear permanentemente los avances y retrocesos que puede presentar el o la estudiante en este sentido.

Un establecimiento educacional debe velar para que los estudiantes que presentan déficit atencional puedan tener logros en su aprendizaje dentro de un desarrollo normal, donde el profesor debe crear situaciones de enseñanza accesibles para los y las estudiantes, observando constantemente sus procesos, de modo de identificar en qué medida se ajustan las estrategias pedagógicas a sus necesidades y características, para determinar qué apoyos requieren. Junto con estas estrategias los docentes deben considerar siempre que la evaluación implementada es diferenciada, como se indica en los decretos de evaluación y promoción escolar.

Desde la Ley 20422, sobre discapacidad, como profesional será mucha importancia la preparación de los docentes para aportar desde el currículum la integración del espectro de autismo, niños y niñas con Asperger pueden desarrollar e integrarse a un modelo más cotidiano en Colegios con Proyectos Sociales, PIE y apoyo de especialistas.

La educación a través de la terapia del lenguaje y el habla es la forma más eficaz de asegurar que el niño con autismo alcance su potencial pleno. El tipo de educación necesaria debe ser decidido después de que una valoración completa haya descrito las dificultades, las destrezas y las necesidades concretas del niño.

Los niños con Asperger a menudo también requieren ayuda individual, generalmente dentro de la educación ordinaria. Necesitan una enseñanza explícita sobre las “reglas” sociales que la mayoría de nosotros aprendemos sin pensar. Necesitan consejo sobre cómo manejar los conflictos y tolerar sentimientos intensos. Necesitan orientación sobre cómo se están llevando con otra gente. El tiempo no estructurado como los recreos o las comidas pueden ser particularmente difíciles para estos niños. Pueden ser vulnerables a ser abusados por otros niños, en particular en la enseñanza media.

Necesitamos establecimientos educacionales inclusivos, con planes y mallas curriculares acordes a las necesidades educativas de nuestros niños, pero también con profesores que cuenten con la preparación y formación que los TEA (trastorno del espectro autista) requieren. Hoy es una realidad que existen muchos establecimientos que “tienen” inclusión, lo que facilita el ingreso de nuestros niños a ellos, pero en los que sus profesores carecen de las herramientas necesarias para enfrentar un alumnado con TEA, lo que finalmente desemboca en la discriminación escolar, en el acoso escolar, y en la recomendación de la dirección del colegio sugiriéndonos buscar un colegio “acorde a las necesidades educativas de su hijo”. Este es el primer paso y la base de la educación de nuestros niños, que les permitirá en un futuro el ingreso a la universidad en igualdad de condiciones, y en definitiva, un desarrollo acorde a su cuadro.

Desde la Inclusión y la Discapacidad, el artículo 36° establece lo que debe ser la regla general en materia de inclusión educativa: Los establecimientos de enseñanza regular deberán incorporar todas las adecuaciones (curriculares, de infraestructura y materiales) para facilitar a las personas con discapacidad, el acceso a los cursos o niveles existentes. Si no es posible integrar a la persona con discapacidad en la enseñanza regular, la enseñanza debe otorgarse mediante clases especiales en el mismo establecimiento o en escuelas especiales.

Necesitamos para alcanzar la calidad que tanto se habla, escuelas abiertas e inclusivas, con Docentes y Profesionales especialistas en temas del desarrollo del lenguaje, talleres y oficios, sin olvidar que un niño producto de un accidente, un virus, u otros factores pasa fácilmente de una educación tradicional a una educación inclusiva por discapacidad.


Por: [c] Dr. Raúl Contreras Gómez.

Director Ejecutivo – Grupo Boletín del Trabajo